México: Purhépechas y nahuas en resistencia

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Cherán y Ostula viven un proceso de fortalecimiento comunal, necesario para responder a la embestida de nuevos actores, cuando la violencia es cotidiana…

Al analizar las democracias en América Latina, el politólogo argentino Guillermo O´Donell señalaba que en algunos de nuestros países, incluso aquellos donde los regímenes democráticos son recientes, la democracia se encuentra en convivencia con bandas terroristas y mafias, las cuales se han ido transformando en poderes territoriales. Éstas “tienen sus códigos legales, cobran ‘impuestos’ y algunas veces logran casi el monopolio de la coerción en su territorio” (en  La democracia en América Latina. El debate conceptual sobre la democracia,Perú, pnud, 2004).

En estos casos presenciamos un Estado territorialmente evanescente. El poder y la expansión de estos grupos no podría entenderse sin la fuerte relación que establecen con las burocracias estatales, la policía y otras fuerzas de seguridad. A las regiones dominadas o controladas por estos grupos, donde las reglas realmente imperantes son las dictadas por diversas mafias, O´Donell las denomina “zonas marrones”, especie de manchones o lunares en las geografías nacionales.

En nuestro país, vemos con preocupación cómo estas zonas marrones, que no son nuevas, se han ido reproduciendo y apoderando de nuestros territorios con rapidez, controlando el espacio físico, la circulación de personas y mercancías, imponiendo en varios casos a las autoridades judiciales, interviniendo de distintos modos en la designación a cargos de elección popular, e incluso definiendo la orientación de los recursos municipales. Su control tiene distintas manifestaciones, no sólo respecto a las actividades propias de su negocio, también se apoderan de propiedades, obligando a sus dueños a cederlas legalmente, y “vendiéndoles” protección, entre otras acciones.

En este escenario se encuentran varias regiones indígenas en México, como la costa nahua y la meseta purhépecha en Michoacán.  La comunidad de Cherán, después de años de saqueo continuo de sus bosques, decidió poner un alto a los talamontes; de las 27 mil hectáreas forestales han sido depredadas 20 mil. La tala clandestina no es nueva, ha sido denunciada ante las autoridades, distintos gobiernos priístas y perredistas que no han tenido capacidad o voluntad para resolver ésta situación. Las respuestas han consistido en programas de reforestación, pequeños proyectos productivos tanto para los afectados como para quienes se dedican a esta actividad, y la presencia temporal de algún cuerpo de seguridad. Política paliativas. En poco tiempo se vuelve a la tala clandestina. Ahora el panorama es mucho más complejo, hay nuevos actores interviniendo con el uso de la violencia, desapariciones, secuestro, tortura y asesinato. A dos meses de la iniciativa de defensa comunal, han sido asesinados tres hombres, y otra persona se encuentra en el hospital.

La defensa de Cherán por sus bosques, no representa nada más el respeto a su medio ambiente y sus recursos naturales, también la defensa de su vida colectiva, su reproducción como comunidad, su derecho a la vida y a su cultura. No es fácil luchar contra un actor nuevo de rostro desdibujado, que no se sabe a hasta dónde extiende sus redes políticas, económicas y en los cuerpos de seguridad. La decisión comunal de organizarse, colocando barricadas, haciendo guardias y rondines, donde todos participan, hombres, mujeres y niños, da cuenta de una cohesión colectiva. Es una respuesta de unidad frente a un actor que amenaza seriamente su presente y su futuro; muestra un tejido social vivo, con capacidad para defender su comunidad. Sin embargo, se requiere la solidaridad de la sociedad civil y de una respuesta contundente de quienes gobiernan y hasta ahora no han actuado con inteligencia, su imaginación no encuentra otra salida que responder del mismo modo, contribuyendo a la espiral de violencia, sin titubear por los “daños colaterales”.

En este mismo clima de violencia vive la comunidad nahua de Ostula en la costa michoacana. Los comuneros llevan décadas en un interminable camino jurídico por el reconocimiento de su territorio, que también reclaman pequeños propietarios. En el 2003, tras la intervención del gobierno del estado, las partes acordaron que mientras el asunto se dirimía en las instancias correspondientes, el gobierno estatal resguardaría la zona en conflicto, la cual comprende una franja de superficie cerril que desemboca en el océano Pacífico. La situación permaneció en calma hasta la llegada del actual gobernador, Leonel Godoy, quien retiró al Grupo de Operaciones Especiales que protegía la zona. Esto fue aprovechado por algunos pequeños propietarios; de acuerdo a un representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, “uno de ellos se metió y empezó a fraccionar, vender o regalar lotes”. La comunidad intervino el 29 de junio de 2009, sacaron a los pequeños propietarios y tomaron posesión de su territorio, poco más de mil hectáreas, y las han resguardado mediante la reconstitución de su policía comunitaria tradicional. Al predio lo denominaron Xayacalan. Allí, un año antes fue encontrado el cuerpo del profesor Diego Ramírez Domínguez, nombrado por la comunidad su representante en la defensa de sus tierras. El costo humano ha sido alto. Sólo en los últimos seis meses 16 comuneros han sido asesinados o desaparecidos.

Cherán y Ostula viven un proceso de fortalecimiento comunal, necesario para responder a la embestida de nuevos actores, cuando la violencia es cotidiana y los grupos de poder político muestran incapacidad e ineficiencia. En este contexto se ha generado una reflexión colectiva que cuestiona la participación de los partidos políticos, que no han estado a la altura de las reivindicaciones indígenas, y cuya racionalidad obedece únicamente a su propia sobrevivencia política. Por ello, la democracia electoral no encuentra cabida en la agenda comunal. En Ostula decidieron no participar en las pasadas elecciones federales y, para el período electoral estatal por venir, Cherán anunció que en ejercicio de su derecho a la libre determinación y autonomía nombrará a sus próximas autoridades municipales. Por lo pronto, las actuales autoridades fueron desconocidas y se nombró un consejo comunal. Se han innovado otras formas de participación y toma decisiones al interior de las comunidades, nuevos espacios de representación que abonan a lo que Boaventura de Sousa Santos llama demodiversidad.

Por lo pronto, la respuesta está construyéndose desde abajo. La ciudadanía organizada, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dibuja una esperanza. El tejido social y la posible unidad de estos movimientos locales y regionales, confluyendo en una agenda nacional, nos permiten cifrar las posibilidades de cambio y la “urgencia de futuro”.

 

x Carmen Ventura Patiño (investigadora del Colegio de Michoacán)

Fuente> http://www.jornada.unam.mx/2011/07/09/oja171-carmenv.html

 

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