[Fotos] Honduras: Organizaciones sociales se movilizan ante privatización de los recursos naturales

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Concesiones de ríos y construcción de represas: lucro, corrupción y expropiación de territorios indígenas.

La aprobación por parte del Congreso Nacional de Honduras de 47 contratos de producción de energía renovable ha generado el rechazo de los pueblos indígenas, afrocaribeños y de varias organizaciones sociales. Para ellas, la concesión de ríos y también un proceso de licitación para la contratación de energía renovable van a generar ganancias millonarias para unos pocos grupos de empresarios – que ya controlan la producción de energía térmica – y más pobreza para las poblaciones locales.

En Honduras existen 35 cuencas hidrográficas primarias y sus ríos se agrupan en dos vertientes costeras: la del Caribe y la del Golfo de Fonseca. Solo las cuencas de los ríos Patuca y Ulúa cubren una extensión de 25 mil y 22 mil km² respectivamente. Una riqueza hidrográfica que ahora está en serio peligro, conforme denunciaron a Opera Mundi diferentes organizaciones hondureñas que se han movilizado para contrarrestar estos proyectos.

En agosto de 2009, en medio de un escenario de crisis institucional generado por el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país.

Un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. En diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.

Fue hasta en abril de 2010, durante el actual gobierno de Porfirio Lobo, que el Ministerio de Recursos Naturales procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, cuyos contratos con la ENEE fueron aprobados por el Congreso Nacional en octubre del año en curso.

“De los 47 proyectos aprobados, más del 70 por ciento fueron adjudicados a los miembros de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), es decir a los mismos grupos económicos que ya controlan casi la totalidad de la generación térmica en el país”, dijo Juliette Handal, presidenta de la CPN (Coalición Patriótica Nacional). Según Handal, la licitación, que conlleva la concesión de decenas de ríos en manos de empresas privadas, habría sido turbia y amañada. “Eso les va a garantizar ganancias millonarias a los grupos económicos y va a dejar a la ENEE en un estado de quiebra financiera”.

Ahondando sobre el asunto, la presidenta de la CPN explicó que se realizó una burda alteración de las condiciones iniciales de la licitación. “Tenemos las pruebas de que se cambiaron los términos de referencia de los contratos, y que estos términos fueron acordados directamente entre ejecutivos de la ENEE y los grupos económicos que ganaron la licitación. No hubo una verdadera licitación, sino un acuerdo amañado entre las partes que favorece a los empresarios. Además, las comunidades en donde se van a desarrollar los proyectos nunca fueron consultadas, y van a ser ellas las mayores afectadas”, aseveró.

Negocio millonario

“Ese proceso demuestra que Honduras es el país más corrupto del mundo”, dijo a Opera Mundi Rony Hernández, miembro de la CPN y del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Según el profesional, la Ley de Contratación de Honduras prevé que el Estado llame a un proceso de licitación para obtener la mejor oferta económica y adjudicar un proyecto. “En este caso no hubo competencia entre las empresas oferentes, sino una repartición masivas y colectivas de proyectos. Para colmo, varias de estas empresas, como el Grupo Terra, cuyo presidente, Fredy Nasser, es el principal productor de energía térmica del país, ya tenían los permisos del Ministerio de Recursos Naturales para iniciar las obras de construcción”, explicó Hernández.

Entre los principales cambios que se aportaron a los términos de referencia de la licitación, Hernández señaló el aumento del plazo del contrato de 20 a 30 años, la concesión de ríos por hasta 50 años y el alto precio promedio del Kw/h (kilovatio por hora) contratado.

Además de eso, no serán Contratos BOT (Construcción, Operación y Transferencia), que prevén el traspaso de las obras al Estado una vez que se venza el plazo del contrato. Las obras quedarán en manos de las empresas.

Finalmente, las generadoras serán beneficiadas con transferencias económicas en concepto de costos fijos, un ajuste promedio mensual sobre cada kilovatio generado, la indexación del precio del Kw/h contratado, el reconocimiento por parte de la ENEE de las pérdidas técnicas de energía durante la transmisión, la posibilidad de vender a terceros y exenciones fiscales por un plazo de diez años.

“Con todos estos cambios, la ENEE les va a pagar a las generadoras entre 13 y 14 centavos de dólar por Kw/h. Un precio altísimo si comparado con los precios que se aplican en otros países y con el precio marginal de corto plazo de 2009, que era de 8.69 y que la Ley de Incentivos a la Energía Renovable obliga aplicar”.

“Además de eso –continuó Hernández–, la licitación inicial era para 250 MW, pero al final se adjudicaron 709 MW, lo cual significa para las generadoras una ganancia neta del 712 por ciento sobre la inversión. Es decir, casi 12 billones de dólares que el pueblo de Honduras les va a pagar”.

Según el miembro de la CPN, con esta misma cantidad de dinero hubiese sido posible construir 500 mil viviendas, otorgar 750 mil becas a estudiantes universitarios, desarrollar 50 mil proyectos de agua potable y alcantarillado, y pavimentar 75 mil km de carreteras y caminos, “es decir, el doble de la entera red vial de Honduras”.

Comunidades excluidas

Ante esta situación, los pueblos indígenas, afrocaribeños y las organizaciones sociales han levantado su voz e iniciaron movilizaciones en todo el país para contrarrestar lo que consideran “un atentado contra la soberanía de sus territorios y de los recursos naturales del país”.

Reunidos en la ciudad de San Juan Pueblo, en el norte del país, decenas de organizaciones iniciaron un proceso para establecer una estrategia única de lucha contra las represas y la privatización de los recursos naturales.

Juan Antonio Mejía, miembro del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), afirmó que en casi ninguno de estos proyectos fueron presentados verdaderos estudios de impacto ambiental. “Hasta hay una cláusula donde, de antemano, se exime a las empresas por cualquier tipo de desastre abiental o accidente que pueda ocurrir en el futuro. Esto es inaceptable”, continuó Mejía. “En nuestro caso, el Río Laureles tiene una correntía de 6 m³/s y la concesión es para que la empresa pueda utilizar 7.5 m³/s, es decir toda el agua del río. ¿Adónde queda el caudal ecológico para preservar las especies y garantizar el vital liquido a las comunidades?”.

Mejía aseguró que se organizarán a nivel nacional y que irán a ejercer la soberanía sobre sus recursos naturales. “Ahora aprobaron 47 proyectos, pero ya son más de 600 los que tienen listos para el futuro. No fuimos tomados en cuenta y hasta hay casos de falsificación de firmas, para aparentar que las comunidades fueron consultadas. Vamos a impugnar estos contratos”.

Según Salvador Zúniga, directivo del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras), los pueblos indígenas y afrocaribeños van a “articular una enorme lucha en defensa del agua, de nuestros rios y territorios”.

El impacto ambiental de estos proyectos va a ser fuerte. “Se derogaron decretos ambientales que protegían a estas zonas. Ahora podrán talar bosques, inundar las áreas de los ríos, contaminar las aguas, con fuertes impactos en los acuíferos y en la distribución de las aguas subterráneas”, afirmó Zúniga. “Además, sabemos perfectamente que, a la par de estos proyectos de energía renovable, van a desarrollar proyectos de explotación minera. Ya lo hicieron en el pasado en los municipios de San José de la Paz, San Francisco Lempira, Camasca y en muchos otros”.

“Nunca nos consultaron –continuó Zúniga– y el resultado va a ser más ganancias para la oligarquía nacional y más pobreza, explotación, enfermedades y desarticulación para nuestros pueblos. Es un atentado contra nuestras vidas”.

Resistencia

Entre las medidas ya adoptadas, el COPINH señala la introducción ante la Fiscalía Especial de Etnías de una demanda contra el Congreso Nacional, por “la violación flagrante del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales”.

La organización indígena y popular inició también una larga gira por todo el territorio nacional, visitando pueblos y comunidades para organizar la resistencia contra estos proyectos y “exigir que se respete su decisión y el rechazo a la privatización de los recursos naturales”.

Según el director de Radio Progreso, padre Ismael “Melo” Moreno, en Honduras se ha desarrollado una gran sensibilidad alrededor de la protección de los recursos naturales, y las comunidades indígenas han sido el principal elemento de esta nueva etapa de concientización del pueblo.

“Estamos en un proceso de articulación entre la conciencia, la participación y la defensa de los recursos, al que están participando muchos actores que ya no se enfocan solamente en sus luchas gremiales”, dijo el padre Melo. “Esos actores se unen a las comunidades y están desarrollando un concepto de soberanía, que le da una identidad a la lucha territorial, a la lucha de resistencia”.

Una lucha –continuó el padre Melo– que necesariamente debe transformarse en lucha política, para tener la capacidad de articular acciones, ejercer el control y tomar decisiones sobre su patrimonio natural”.

Un desafío que choca contra una fuerte campaña mediática de desprestigio. “Dicen que estamos en contra del desarrollo. Sin embargo, nuestro rechazo no es hacia la producción de energía verdaderamente limpia, sino contra los proyectos de muerte”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora general del COPINH.

“Apuntamos a un desarrollo basado en la dignidad humana, en el respeto a la madre tierra, en el equilibrio frágil entre los seres humanos y nuestro planeta. Apuntamos a una generación de energía que respete los ecosistemas, los derechos humanos, territoriales y culturales de los pueblos indígenas. Que no esté basado en la lógica extractivista del capitalismo”.

“Una generación de energía –concluyó Cáceres– donde las comunidades y los pueblos Tulupanes, Pech, Miskitos, Maya-Chortis, Lencas y Garífunas sean parte integrante de estos proyectos y de sus beneficios”.

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Fuente: Opera Mundi / La Haine

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